Su objetivo es agilizar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente o por arrendatarios morosos, entregando a los propietarios un procedimiento judicial más rápido.
En nuestra experiencia, muchos de estos problemas se pueden prevenir si se realiza un filtro riguroso antes de arrendar: revisión de Dicom, verificación de ingresos estables y contar con un aval previamente evaluado. Además, contamos con un abogado experto en el sector inmobiliario, lo que nos permite dar respaldo legal y tranquilidad a cada propietario.
La ley es un avance, pero aún enfrenta limitaciones: la exigencia de acreditar con precisión quién ocupa la vivienda muchas veces retrasa el proceso. Por eso, más allá de la normativa, creemos que la verdadera seguridad está en la prevención y la asesoría profesional desde el inicio.
